La alcaldesa, Patricia Cavada, ha anunciado este viernes que ha solicitado al Consorcio Bahía de Cádiz y al Servicio de Recaudación Provincial de la Diputación, la “paralización inmediata” del cobro de la tasa consorcial de tratamientos de residuos a los isleños e isleñas.

Además, y al margen del informe ya encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que confirmen la legalidad de la mencionada tasa, la regidora isleña también ha anunciado que se ha dado inicio a un expediente para valorar la posición de San Fernando dentro de este Consorcio provincial “para valorar la posición de San Fernando con relación al Consorcio y evaluar el tratamiento más eficiente de los residuos urbanos y de su financiación”.

Lo anterior, según ha explicado la alcaldesa isleña, ha venido motivado por la “deficiente” gestión por parte del Consorcio Bahía de Cádiz (CBC) y del Servicio de Recaudación Provincial de la Diputación en relación a la falta de información previa de las comunicaciones telemáticas que han ido llegado a los vecinos y vecinas de la localidad anunciando el cobro de la tasa, y también debido “al retraso en el pago de esos recibos que, además, fueron acordados en 2014 por José Loaiza, cuando era presidente de la Diputación de Cádiz, del Consocio, y también alcalde de San Fernando”.

Tal y como ha asegurado Patricia Cavada, en 2014 se acordó el establecimiento de una tasa que “en primer lugar, se iba a cobrar a tres municipios, aunque a día de hoy, no sabemos si el resto de municipios que forman parte del Consorcio están dispuestos a asumir ese compromiso del 2014”. “Por otro lado -continúa- hay otros municipios que están hablando de afrontar el pago de 2016, sin ni siquiera afrontar el pago anterior de 2015 y, además, con la PIE embargada para hacer frente a esas deudas; mientras que hay otros que directamente no están asumiendo sus responsabilidades”.

“El Ayuntamiento de San Fernando ha venido cumpliendo en tiempo y forma cada una de sus obligaciones. Es un Ayuntamiento serio y, por eso, no puedo permitir que a los isleños e isleñas, y a este Ayuntamiento, se le cargue con determinados cortes debidos al incumplimiento por parte de otros”, ha enfatizado.

Insiste también la alcaldesa isleña en aclarar que siempre han apostado por una modificación de esta tasa para evitar los efectos negativos que puedan ocasionar a la ciudadanía, “especialmente en el caso de determinadas actividades económicas”. Por otro lado, indica la regidora, también es necesario que incorpore consideraciones de carácter social “y su pago se adaptase a las condiciones particulares, poniendo en marcha el pago fraccionado y sin que en ningún caso suponga intereses en el cobro de la misma”.