Estas subvenciones podrán extenderse durante un año y están destinadas a dar cobertura social familias y personas en situación muy vulnerable tanto en vivienda pública como en privada

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz publica hoy la convocatoria de subvenciones al alquiler del Ayuntamiento de San Fernando, que cuenta con una partida de 100.000 euros para apoyar a las personas y viviendas en situación muy vulnerable de la localidad.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 10 días hábiles una vez que se produzca la publicación de la convocatoria en el tablón municipal y en la página web del Ayuntamiento de San Fernando, www.sanfernando.es, lo que ocurrirá en unos días.

Este programa de ayudas, que gestiona la empresa pública Empresa de Vivienda y Suelo (Esisa), va a beneficiar a los usuarios y familias en situación vulnerable que residan tanto en viviendas de propiedad municipal como en vivienda privada, y podrán cubrir sus necesidades durante un total de un año. 

Esta cobertura social permitirá atender las necesidades de aquellas familias y usuarios que estén en una difícil situación económica y acrediten no disponer de ingresos suficientes, con el doble objetivo de aliviarles en el pago la renta para que puedan mantener sus viviendas y de que no acumulen deuda.

El porcentaje de ayuda económica que se podrá conceder será del 40%, 50%, y 60%, que irá en relación al tramo de ingresos económicos en que se sitúe. Dicha ayuda económica se podrá conceder por un plazo máximo de seis meses, y se podrán solicitar dos ayudas anuales, siempre que la persona solicitante no adeude más de tres recibos de alquiler.

Del mismo modo, van a ser objeto de atención preferente de cara a obtener estas ayudas aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda digna y que tienen necesidades específicas ya que por sus circunstancias personales precisan de apoyo específico o singularizado. Es el caso de víctimas de violencia de género, familias monoparentales, familias en situación de riesgo o exclusión social, personas mayores de 65 años, y personas privadas del derecho de uso y disfrute sobre su vivienda habitual y permanente en ejecución de un fallo judicial.

Los solicitantes deben disponer de la vivienda como domicilio habitual, no encontrarse en el supuesto de ocupación de la vivienda o presentar infracción grave en protocolo de convivencia, incumpliendo las normas de policía e higiene. Además, todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en la vivienda, residir en ella, y tener una antigüedad mínima de un año empadronados en el municipio de San Fernando.